Se propone que Banxico autorice las operaciones con activos virtuales

México acaba de sumar una nueva pieza a su rompecabezas regulatorio para los activos virtuales. Una iniciativa presentada en el Senado propone que las Instituciones de Tecnología Financiera, conocidas como ITF, tengan un registro previo y una autorización del Banco de México para realizar operaciones con estos activos.

La propuesta también plantea que solo puedan circular los activos virtuales que el propio Banxico establezca. Eso no significa que México haya prohibido Bitcoin, Ethereum o las stablecoins, ni que mañana los exchanges tengan que cerrar. Por ahora es una iniciativa legislativa, no una ley aprobada. Pero la señal política es clara: el banco central tendría un papel mucho más directo en decidir qué puede entrar al sistema financiero formal.

¿Qué propone exactamente la iniciativa?

El texto busca reformar el artículo 30 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y el artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

La modificación central es sencilla de explicar. Para operar con activos virtuales, las ITF deberían contar con dos cosas: un registro previo y una autorización otorgada por Banxico. Además, los activos virtuales con capacidad de circular serían aquellos que el banco central determine.

En la práctica, esto podría afectar a fintech, instituciones de fondos de pago electrónico y otras entidades que quieran ofrecer compraventa, custodia o transferencia de criptomonedas dentro de un marco regulado. La iniciativa todavía debe pasar por el proceso legislativo correspondiente, por lo que sus detalles podrían cambiar durante la discusión.

Banxico no solo miraría los pagos

La importancia de la propuesta está en que no presenta a los activos virtuales únicamente como una innovación tecnológica. Los conecta directamente con la circulación del dinero y con el funcionamiento del sistema financiero.

Ese enfoque es coherente con la postura que Banxico ha mantenido durante los últimos años. El banco central ha sido cuidadoso con la participación de las entidades financieras en operaciones con criptomonedas, especialmente por los riesgos de volatilidad, liquidez, ciberseguridad, lavado de dinero y protección al usuario.

Con la reforma, la pregunta dejaría de ser solo si una plataforma puede ofrecer un producto cripto. También habría que saber si el activo está dentro de la lista permitida por Banxico y si la institución cuenta con la autorización necesaria para operar con él.

¿Qué podría cambiar para los usuarios?

Para una persona que compra Bitcoin desde una plataforma mexicana, el cambio más visible sería una mayor separación entre los servicios autorizados y los que operan fuera del perímetro regulado.

Un exchange o una fintech que quiera trabajar formalmente con activos virtuales podría enfrentar requisitos adicionales de capital, controles internos, seguridad tecnológica, prevención de lavado y atención al cliente. Esas exigencias pueden elevar los costos de operación, pero también entregar más información sobre quién presta el servicio y bajo qué reglas.

El punto delicado está en la autorización de los activos. Si Banxico adopta una lista limitada, algunas criptomonedas podrían quedar fuera de las plataformas reguladas aunque sigan disponibles en servicios internacionales o autocustodia. Para el usuario, eso no elimina necesariamente el acceso, pero sí puede volver más importante revisar dónde compra, quién custodia los fondos y qué opciones existen para retirar pesos.

También habría que mirar el tratamiento de las stablecoins. Una moneda digital vinculada al dólar puede utilizarse como herramienta de pago, ahorro o transferencia, pero sus riesgos no son idénticos a los de Bitcoin. Si la futura regulación busca proteger el sistema de pagos, es probable que Banxico diferencie entre activos, emisores y usos concretos.

No es una aprobación, es el comienzo de otra discusión

Conviene leer la noticia con algo de calma. La iniciativa no convierte a Banxico en emisor de criptomonedas, no reconoce automáticamente a los activos virtuales como moneda de curso legal y tampoco crea una autorización inmediata para que las ITF operen con cualquier token.

Lo que hace es proponer un filtro previo y entregar al banco central una atribución más explícita. A partir de ahí vendrían las preguntas difíciles: qué activos serán elegibles, qué requisitos deberá cumplir una institución, cómo se coordinarán Banxico, la CNBV y la Secretaría de Hacienda, y qué protección tendrá el usuario si una plataforma autorizada falla.

México ya tiene experiencia regulando fintech, pero los activos virtuales obligan a mezclar asuntos monetarios, tecnológicos y financieros en una misma conversación. Esa mezcla suele producir normas más detalladas, más trámites y también más responsabilidad para las empresas que quieran ofrecer servicios cripto.

La iniciativa apenas comienza su recorrido legislativo. Si avanza, podría convertirse en uno de los cambios más relevantes para la relación entre las fintech mexicanas y los activos digitales. Para los usuarios, la lección inmediata es más simple: que una propuesta aparezca en el Senado no significa que la regla ya esté vigente. Antes de tomar decisiones, hay que distinguir entre iniciativa, aprobación, publicación y regulación secundaria.

En LedgiFi seguiremos revisando cómo México intenta ordenar los activos virtuales sin perder de vista a quienes los usan todos los días. También puedes conversar con nosotros en X y encontrar contenido nuevo en Instagram. Nos vemos allá.